VIOLENCIA EN LA ARAUCANÍA E INEFICACIA ESTATAL

VIOLENCIA EN LA ARAUCANÍA E INEFICACIA ESTATAL

La autoridad no ha ocupado todas las vías que le ofrece el ordenamiento jurídico para recuperar la paz en La Araucanía

La Corte Suprema recientemente ha condenado al Estado por “falta de servicio”, al no poner coto a la violencia guerrillera desatada en La Araucanía. En el caso que terminó con el asesinato del Matrimonio Luchsinger Mackay el año 2013, reprocha el fallo que se trató de “una actividad delictiva llevada a cabo de manera organizada por grupos de personas, en una forma estructurada y planificada, dirigida a cometer uno o más delitos calificados como graves por la legislación punitiva, de forma permanente y reiterada, con fines políticos y sociales, provocando como resultado un perjuicio importante y, en este caso, destruyendo bienes y cobrando la vida de ambas personas”1.

El Estado, agrega el Máximo Tribunal, incumplió el deber de cuidado que tiene con las víctimas “para evitar el peligro conocido, creado por el ʻmodus operandiʼ de grupos de sujetos, cuya organización para cometer conductas violentas ya conocidas, contaba con estructura, cohesión, estabilidad, y planificación, lo que se verificó en el resultado”. Vale decir, la sentencia reconoce que aquí no solamente existe un homicidio atentatorio contra el derecho a la vida, sino que la asidua operación de grupos radicalizados que ejercen sistemáticamente la violencia con fines políticos.

Dado que hechos semejantes se expanden por la zona con tendencia al alza, sin que se vislumbre un pronto restablecimiento del Estado de derecho, la cuestión es si el Gobierno está tomando medidas efectivas para revertir la situación. Alarma que el Coordinador de Seguridad de la Macrozona Sur ha buscado aquietar, informando a la opinión pública que se están inyectando recursos a las fiscalías de La Araucanía y de Arauco, además de tramitarse varios proyectos de ley que serían conducentes al objetivo planteado. Suma a ello el llamamiento a encontrar “una mirada común”, pues sería la “ausencia de un acuerdo” entre los involucrados lo que impediría atender las “legítimas reivindicaciones del Pueblo Mapuche”2 .

Este último ingenio carece de viabilidad, por no hablar de falta de realismo, considerando el cuadro político imperante. Ni tampoco se sabe de alguna consulta reveladora del genuino sentir de las diversas comunidades indígenas que viven en la zona. En cuanto a las leyes anunciadas, es asimismo dudoso que su aprobación pueda servir de paliativo: pártase por la Inteligencia, cuya operatividad resulta clave para anticiparse a los fenómenos subversivos, y se advertirá que una reforma a la Ley N° 19.974 es punto menos que inútil cuando el propio Jefe de Estado suele prestar oídos sordos a los reportes que le presenta la ANI, según él mismo ha ratificado no hace mucho ante la Fiscalía (declaró ser

“muy prudente con este tipo de informes”)3. La dirigencia política (salvo el Partido Comunista) ignora plenariamente en qué consiste la función de Inteligencia, a mayor abundamiento.  

Reforma tan inoficiosa como aumentar las penas por los delitos de usurpación o porte y tenencia ilegal de armas, o por robo de madera y narcotráfico, puesto que si sus autores se mueven por una causa político-ideológica, en la que actúan como “combatientes”, no puede esperarse que esto los disuada. Es más, estar en la cárcel les brinda tal visibilidad que, alegando que por su intermedio se “criminaliza la protesta social”, desde el año 2010 han iniciado sendas “huelgas de hambre” que terminaron generado todavía mayores inconvenientes al Gobierno. El libreto negociador al que se ha apegado el círculo cercano al presidente Piñera (“si vas a tener que ceder, hazlo hoy y no mañana; ahórrate los costos intermedios”) ha significado pagar precios institucionales muy altos, desde el 2010 cuando las protestas ambientalistas llevaron al Gobierno a paralizar el proyecto Barrancones, hasta las movilizaciones del año 2019 que lo impulsaron a rendir la Constitución en el acuerdo del 15-N4.

Las querellas presentadas por el Ministerio del Interior no han prosperado, básicamente por los altísimos estándares probatorios exigidos por los tribunales para condenar a los involucrados en delitos en la zona, al no contar con pruebas “más allá de toda duda razonable”5. Esta causa conlleva un efecto: “el déficit en la investigación” que realizan las policías, que -por eso- para los jueces siempre resultará “insuficiente”6. Con todo, una nueva querella a entablar por dicho Ministerio podría representar un salto cualitativo importante: esta vez ya no indeterminadamente contra quienes resulten responsables por hechos puntuales, sino que por “asociación ilícita terrorista” dirigida contra los grupos Comunidad Arauco Malleco, Weichan Auka Mapu, Resistencia Mapuche Malleco, y Resistencia Mapuche Lafkenche7. No se trata de confiar en el éxito de esta acción; es el cambio de perspectiva de que aquí debe concentrarse el esfuerzo persecutorio en las organizaciones, y no en sus integrantes individuales.

Es lo que dice la Corte Suprema en el fallo reseñado: en la llamada zona roja hay una actividad delictiva planificada por organizaciones con fines políticos y sociales.

Se abre así la alternativa paralela de acudir al Tribunal Constitucional para que este pueda determinar la aplicación del artículo 19, N° 15, de la Carta Fundamental, donde se le faculta declarar “inconstitucionales” a los “movimientos u otras formas de organización” cuyos objetivos “no respeten los principios básicos del régimen democrático y constitucional” o “hagan uso de la violencia, la propugnen o inciten a ella como método de acción política”. Un requerimiento del Gobierno, responsable de la conservación del orden público, con sólidos razonamientos basados en antecedentes reunidos por ambas policías, podría corregir el curso de los acontecimientos. 

En vez de una estéril declaración de estado de sitio, una sentencia constitucional en este sentido podría respaldar fuertemente la legitimidad de las acciones que haya que emprender para imponer la paz en la región.



1 Sentencia de 05.08.2021 (Rol N° 82-2021). 
2 Pablo Urquízar, Macrozona sur, una perspectiva del Estado, El Mercurio (Santiago) 06.09.2021 cuerpo A pág. 2.   
3 Declaración del Presidente Piñera de 19.07.2021 prestada ante la Fiscal Regional Claudia Perivancich por querellas presentadas en su contra, en causa RUC 1910055637-8. 
4 Sobre esta táctica en la mediación de conflictos o “estudios por la paz”, Eduard Vinyamata, Conflictología (2001) 5ª. edición (2017) Editorial Planeta (Barcelona) 328 pp. Remo F. Entelman, Teoría de conflictos (2002) Editorial Gedisa (Barcelona) 223 pp. 
5 Con este criterio nominal los jueces pueden abstenerse de condenar: artículo 340 del Código Procesal Penal.
6 El Observatorio Judicial confunde esa causa con este efecto: pueden ser interesantes los datos estadísticos que aporta en El Mercurio (Santiago) 06.09.2021 cuerpo C pág. 7.   
7 El Mercurio (Santiago) 28.08.2021 cuerpo C pág. 11. 

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